Comité Cantonal de Deportes intenta cerrar gimnasio en San Sebastián; otra arrendataria denuncia desalojo inminente en La Uruca
Rubén Arévalo logra frenar el cierre con respaldo judicial. Ericka Elizondo, administradora de BioFitness, enfrenta la misma amenaza sin protección legal aún resuelta.
Ericka Elizondo, arrendataria del gimnasio municipal en La Uruca, denuncia graves incumplimientos contractuales, abandono institucional y afectaciones económicas por parte del Comité.San José, 15 de julio de 2025 — La tensión entre arrendatarios y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José sigue escalando. Este martes, funcionarios del Comité se hicieron presentes en el gimnasio de San Sebastián con la intención de cerrar el inmueble y desalojar a la empresa Prizasa, pese a la vigencia de un contrato y una orden de suspensión emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo.
Rubén Arévalo, representante legal de Prizasa, estaba preparado con su abogado y la medida cautelar en mano. Al evidenciar la resolución judicial, los funcionarios no tuvieron más remedio que retirarse del lugar sin ejecutar el desalojo.
Sin embargo, no todos los arrendatarios corren con la misma suerte.
La señora Ericka Elizondo Castro, arrendataria y administradora del gimnasio BioFitness en La Uruca, enfrenta un desalojo programado para este miércoles, en condiciones muy similares al caso de San Sebastián, pero con una diferencia crucial: el Tribunal Contencioso aún no se ha pronunciado sobre la medida cautelar solicitada por su defensa.
Elizondo denunció formalmente una serie de irregularidades contractuales, fallas en infraestructura, cortes de agua y electricidad, abandono institucional y afectación económica durante más de tres años de gestión del gimnasio, todo documentado y expuesto ante la Auditoría Interna de la Municipalidad de San José.
“Me están dejando sin herramientas. Sin servicios básicos, sin respuesta legal oportuna y ahora, sin lugar para trabajar. Esto es un atropello y una violación al debido proceso”, declaró.
Ambos casos, ahora visibilizados por el canal Antena Seis, revelan un patrón alarmante en la gestión del nuevo Comité Cantonal de Deportes, que parece proceder con desalojos y cierres sin respetar medidas judiciales, procesos administrativos ni los contratos vigentes.
Hasta el momento, el Comité no ha emitido ninguna posición oficial, pese a las múltiples solicitudes de información.
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