Una suerte de aplanadora institucional ha ido acomodando el terreno en Venezuela a favor del chavismo, de cara a las elecciones de gobernadores que se celebrarán el 10 de diciembre y en las que la oposición espera recuperar los espacios arrebatados hace cinco años.

Más de 18 millones de venezolanos están nuevamente llamados a las urnas luego de una controvertida elección, celebrada el 30 de julio, en la que se escogieron los miembros de una plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y donde el antichavismo no participó por considerar fraudulento el proceso.

Ahora que ha sonado el pitazo para una nueva contienda, los dirigentes que se oponen al Gobierno de Nicolás Maduro, al que ya ponderan como una dictadura, ven altas posibilidades de hacerse con la mayoría de las 23 plazas en disputa, o de al menos aumentar sus feudos actualmente reducidos a tres.

Por ello, y pese a voces que exigían no participar en estos comicios organizados por el mismo Consejo Nacional Electoral (CNE) “fraudulento”, la mayoría de los partidos que integran la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidieron embarcarse en esta carrera en la que se vislumbra desde ya vientos adversos.

Oposición inscribe candidatos

La oposición venezolana, reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), anunció este miércoles su decisión de inscribir candidatos para las próximas elecciones regionales a celebrarse el 10 de diciembre de este año, unos comicios vencidos según lo establecido en la Constitución.

“Hemos acordado por consenso preinscribir candidatos para las elecciones regionales vencidas y escamoteadas por el régimen desde el pasado año”, dijo el dirigente opositor, Andrés Velásquez en rueda de prensa al leer un comunicado de la MUD.
La MUD hizo este anuncio “luego de un proceso de consulta” y pese a que el Poder Electoral le ha prohibido presentar candidatos en siete estados de los 23 que tiene el país.

Opositores enjuiciados

En los últimos meses, una decena de opositores, algunos potenciales candidatos a gobernadores, han sido enjuiciados, encarcelados o inhabilitados políticamente; mientras que otros se han exiliado o han ido a la clandestinidad para escapar del sistema de justicia, al que acusan de parcial e ilegítimo.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Contraloría General de la República (CGR) son, respectivamente, para la mirada del antichavismo, un bufete y un verdugo al servicio de la llamada revolución bolivariana, que ahora cuenta con una todopoderosa Asamblea Constituyente.

Mientras el máximo juzgado ha destituido y ordenado prisión para varios alcaldes, la Contraloría ha eliminado mediante sanciones administrativas, a fuertes contendientes para las regionales de diciembre, como los excandidatos presidenciales Henrique Capriles y Manuel Rosales.

Por otra parte, la MUD no podrá presentar su tarjeta unitaria en siete estados del país, según el CNE, por haber sido en estas regiones donde se introdujeron demandas contra el referendo revocatorio presidencial en 2016 que, tras meses de trámites y en atención a esos recursos, el Poder Electoral decidió suspender.

Otras acciones contra “dictadura”

Los dirigentes opositores se enfrentan a las críticas de buena parte de sus simpatizantes que aborrecen la idea de participar en estas elecciones y demandan otras acciones contra “la dictadura” como radicalizar la oleada de protestas que inició en abril y ha dejado más de 120 muertos o aumentar la “presión internacional”.

Precisamente las decenas de manifestaciones antigubernamentales dejaron extenuada a la militancia opositora, que vio frustrada su lucha en las calles al elegirse la Asamblea Constituyente, un cuerpo integrado únicamente por oficialistas y con poderes ilimitados para tomar decisiones que serán incontestables por cualquier institución.

Aunque dicho órgano ha sido tachado de dictatorial por la oposición y buena parte de la comunidad internacional, sus integrantes avanzan a toda máquina con una “poderosísima” Comisión de la Verdad que en los próximos días comenzará a interpelar a quienes consideren culpables de la “violencia política”.

Los más notables representantes de esa Asamblea han adelantado su intención de levantar la inmunidad a varios diputados opositores, y poner tras las rejas a otros dirigentes para “hacer justicia” y “traer la paz” al país, hundido en una profunda crisis política y económica.

Oposición sin respaldo

Así los hechos, el camino de la oposición venezolana parece empinarse cada día en lo que debe luchar con sus contrincantes tradicionales, ahora todopoderosos, y con sus propias filas que amenazan con quitarles el respaldo.

Una atmósfera de derrota similar envolvió a la oposición venezolana en 2012, luego de la última victoria del fallecido presidente Hugo Chávez frente a Capriles.

Entonces, esa suerte de claudicación permitió al chavismo, dos meses después, hacerse con 20 gobernaciones, arrebatando territorios tradicionalmente adversos al Gobierno.

Pese a tener todo en contra, la oposición espera revertir esa historia.