Ciudad Juárez el puesto fronterizo de las desesperación

La muerte de 40 migrantes al interior de una celda que se prendió en llamas es solo la consecuencia más grave de una crisis que, como una bomba en cuenta regresiva, estalló en las entrañas del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. La burocracia, la falta de información y los intereses políticos tienen a miles de nuevos migrantes hartos de tanto esperar en ambos lados de la frontera. La tragedia frenó la persecución en México, pero el estrés social se mantiene mientras El Paso es un embudo por el que pasan cada vez menos desesperados.

Martes 28 de marzo de 2023. 5 de la tarde. Han pasado cerca de 24 horas desde que el cuerpo de Joel Alexander Leal Peña fue sacado de una celda de detención incendiada al interior del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez. En la fachada del recinto, las paredes todavía lucen ahumadas y dimensionan el infierno que habrá vivido Joel, y con él los otros 67 migrantes que fueron abandonados a su suerte por unos guardias.

Afuera, en la calle, todavía huele a quemado, a cuerpos quemados. También hay indignación. Un centenar de migrantes, entre familiares, amigos conocidos o compañeros de viaje de las víctimas colocan velas, ofrendas florales, fotos, banderas de sus países y carteles de apoyo. La odisea de 40 llegó hasta aquí, un complejo gubernamental contiguo al puente internacional Lerdo-Stanton, ubicado a escasos cien metros de distancia del río Bravo, límite fronterizo con Estados Unidos. Tan cerca y tan lejos del sueño americano.

Un grupo de migrantes muestran la portada de un periódico local a periodistas internacionales que cubrieron la noticia de la muerte de 40 migrantes en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración.

En este extremo de la Frontera Sur se instala un improvisado altar y una vigilia, mientras el mundo contempla atónito la tragedia, la consecuencia más grave hasta ahora en una crisis que lleva gestándose desde hace más de tres meses. Me lo habían advertido expertos en migración y en atención a los desamparados que entrevisté para entender el embudo en el que se ha convertido la frontera sur aquí y en El Paso, la primera ciudad al otro lado del río Bravo. Juárez es una bomba de tiempo, me habían dicho. O una olla de presión a punto de estallar.

Ahora, cenizas después, el gobierno mexicano procesa a un migrante, un par de celadores, un grupo de administrativos y dos directivos del INM por “omisiones” al no socorrer a los migrantes encarcelados. En las calles, por primera vez en tres meses, ha cesado la persecución contra los migrantes.

Ahora son ellos los que persiguen a las autoridades mexicanas y exigen verdad y justicia. También piden a Estados Unidos que cumpla con las promesas de asilo, porque aquí padecen hambre, sed y frío; maltratos y ahora hasta la muerte bajo custodia de las autoridades.

“Eso duele, porque, así como los agarraron a ellos, nos pueden agarrar a nosotros y nos puede pasar lo mismo. Ese es el miedo que le tenemos a Migración: ¡Que cuando te hallen en la calle… tenemos miedo de que nos hagan algo!”, gritaba enfurecido Enmanuel García, un venezolano que asegura haberse salvado de terminar el 27 de marzo en la celda del INM que se quemó.

Migrantes ofrenda en un improvisado altar en memoria de los fallecidos bajo custodia del Centro de Detención del Instituto Nacional de Migración. Este lugar se ha convertido en una tarima pública en la que se colocan carteles donde se leen mensajes de justicia y de cuestionamientos hacia las autoridades locales.

La advertencia que me habían dado los expertos al inicio de esta investigación, resultó cierta. Lo confirman los relatos de decenas de migrantes perseguidos antes y después de la tragedia, también los de aquellos que han logrado cruzar pero están atascados en El Paso: esta zona ya no aguanta la presión que genera la marcha de estos desesperados. Y es en el lado mexicano donde la crisis es más evidente, mientras miles esperan que una aplicación en línea, la CBP One, les conceda la esperanza de un asilo. Pero esa aplicación es huraña.

Entre los que esperan respuestas sobresale Julio, el primo de Joel Alexander, fatigado de tanto buscar su cuerpo en cuatro hospitales de la ciudad. Por eso se colgó el retrato de su primo al cuello, para protestar, pero también para probar suerte por si alguien lo reconocía y le avisaba sobre su paradero. “Yo lo que necesito es reconocer el cuerpo de él, que alguien me diga dónde está. Lo único que pido es que me lo entreguen y que yo pueda hacer todas las diligencias para poder mandárselo a mi tía”, me dijo.

Julio se enteró de la detención de Joel en la noche del lunes 27, cuando vio las noticias. Entonces temió lo peor. Se fue a buscarlo a hospitales y al no encontrar respuesta decidió acampar frente al edificio quemado. “¿Qué le digo a mi tía, si no he visto su cuerpo? ¿Qué le van a mandar las cenizas en siete meses? Mi primo es papá, hijo y hermano… su familia quiere saber qué va a pasar”.

A 100 metros de la frontera, Julio también padece por una disyuntiva que lo carcome por dentro. Él, como otros, en medio de la indignación ha sido invitado y tentado para correr hasta la frontera, intentar meterse a la fuerza. “Pero, ¿y mi primo? ¿Qué hago ahora? Si la aplicación (CBP One) me dice que sí, ¿me cruzo? ¿Y si me cruzo, qué va a pasar con él? Yo quiero hacer las cosas bien.”

Fachada del Centro de Detención del INM un día después de la tragedia

“¡Nos quieren mandar otra vez para Ciudad de México, marica!”

Joel Alexander Leal Peña habría cumplido 21 años de edad el pasado 31 de marzo. Era originario de Mariara, un pueblo de Carabobo. Horas antes de morir había mandado un video a su familia, a más de 4,600 kilómetros de distancia. “Los baños aquí, esta porquería…”, se le escucha decir, mientras muestra un baño mugre y la celda en la que los tenían encerrados. En el cuarto hay colchonetas sobre el suelo, las mismas que agarrarían fuego más tarde. Al fondo se alcanzan a ver unas rejas. “En nombre de Dios, esperando que nos devuelvan para seguir adelante otra vez”, le dice al teléfono.

Segundos después, mandó un mensaje de audio. Entre lágrimas y sollozos, les dijo a sus familiares que le iban a deportar. “¡Nos quieren mandar otra vez para ciudad de México, marica! ¿Tú crees que eso es fácil?”.

En otra grabación que apunta hacia las autoridades mexicanas, se observa a unos guardias que se percatan del incendio y deciden correr. Deciden huir. Deciden no abrirles la reja.

Una joven protesta contra el INM un día después del incendio en el que murieron 40 personas. Para los migrantes en Juárez, perseguidos desde diciembre de 2022,  las autoridades mexicanas son un enemigo del que hay que huir.

Al inicio, las autoridades culparon a los migrantes por la tragedia, pero a raíz de ese video deja de importar quién provocó el siniestro. Lo cierto es que ese lugar era una celda y no un albergue. Los iban a deportar, y mientras protestaban contra ese destino, se vino el fuego. Las autoridades dijeron que todos sucumbieron al envenenamiento por monóxido de carbono y la mayoría sufrió quemaduras de gravedad.

Entre las víctimas, la mayoría eran centroamericanos que huían del hambre y de la violencia que ahora mismo asola al triángulo norte: 17 guatemaltecos, 12 salvadoreños, entre estos un tío y su sobrino que no encontraron en el país de Nayib Bukele el futuro prometedor que promueve el oficialismo. Otros seis eran hondureños. En la celda también murió un migrante colombiano. Todos eran padres, hijos, hermanos, esposos… Junto a Joel, otros seis también eran venezolanos que huían del hambre en ese otro régimen al sur del continente.

Los protagonistas de la nueva crisis migratoria utilizaron las mismas rutas de los migrantes centroamericanos. Todos comparten una característica: huyen de países gobernados por regímenes que no les garantizan salir del subdesarrollo. En la imagen, un homenaje a los 12 salvadoreños fallecidos en la celda del INM.

Uno de ellos se llamaba Orlando Maldonado. Tenía 26 años, era de San Cristóbal, estado Táchira. Su esposa e hijo de 5 años se quedaron en Panamá, con la esperanza de que, una vez cruzara, él buscaría la forma de traerlos hasta esta misma frontera. Camino a Juárez hizo una nueva familia, de esas forjadas en las vicisitudes. Orlando sobrevivió a los horrores de la selva del Darién, los asaltos por Centroamérica y las mordidas de los policías mexicanos. Sobrevivió incluso al frío del desierto juarense, a la soledad en la que vivía extrañando a su familia, pero no a la celda del INM.

 

En su nueva familia lo extrañan Katiuska Márquez, su esposo Abel Ortega y sus hijos de 4 y 5 años. Se consideraban ‘hermanos’. Los tres llegaron a la ciudad hacía poco menos de una semana, la penúltima con registros de ánimos caldeados entre las autoridades y los migrantes. La última vez que Katiuska y Abel vieron a Orlando con vida fue precisamente al interior del INM.

Un retrato de Orlando Maldonado sobresale en la reja que separa a la sede del INM del lugar en el que los migrantes montaron un homenaje para sus compañeros en la ruta fallecidos.

“Juárez es un caos»

El padre Javier Calvillo, director de La Casa del Migrante, es uno de los que preveía un estallido por esta crisis. Según el religioso, Juárez carga con 30 mil personas en situación de movilidad en albergues, en las calles, retornados, más los que siguen llegando. “Juárez es un caos. Llegan de otras fronteras todos los días entre 300 o 400 migrantes porque tienen su cita aquí, pero es curioso que la gente que tiene meses aquí no puede entrar a la aplicación CBP One”, se queja.

 

La única manera para poder ingresar a EUA es venciendo al formulario en línea al que aplican muchos, pero responde a pocos. El formulario tiene trampas. La primera, exige información de contactos que fungirán como patrocinadores del migrante. Es decir, debe haber alguien en el otro lado de la frontera que esté dispuesto a cubrir los gastos de manutención, vivienda, transporte y demás necesidades. En Juárez, muy pocos cuentan con estos patrocinadores.

El Paso se dan citas a unos 70 u 80 personas por día, mientras que en San Isidro, Tijuana, se le está dando cita a unas 200 personas, asegura Rubén García, director de Annunciation House, una organización promigrantes en ambos lados de la frontera. Cuál sea la razón, lo cierto es que el 5 de enero pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alteró el tablero para los migrantes. En un comunicado anunció nuevas medidas de control para “mejorar la seguridad de las fronteras, limitar la inmigración irregular y crear procesos adicionales seguros y ordenados para que las personas que huyen de crisis humanitarias puedan entrar legalmente en Estados Unidos”.

Luego, en febrero, vendrían más restricciones para filtrar los verdaderos casos de asilo de aquellos que solo huyen de la pobreza de sus países. En resumen, la boquilla del embudo se estrechó más. En la desesperación, la masa de migrantes actúa y las autoridades reaccionan. El 13 de marzo, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Collar incluso llegó a decir: “nuestro nivel de paciencia se está agotando”.

El 12 de marzo, una migrante carga a un menor en un intento por cruzar el puente internacional, cercado con alambres de púas y agentes armados. Imagen cortesía de La Verdad de Juárez.