Se aplicará en casos de pacientes que acuden a tribunal para exigir el fármaco y magistrados obligan a suministrarlo mientras resuelven recurso de amparo, pero al final este se declara sin lugar.

La Caja cobraría a los médicos el costo de aquellos fármacos que receten sin estar incluidos en sus listas de medicamentos y la institución se vea obligada a comprar como resultado de recursos de amparo, que luego sean declarados sin lugar por la Sala Constitucional. El portillo para ese cobro lo abrió un criterio de la Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), del 27 de abril anterior, emitido ante una solicitud de Albin Chaves Matamoros, coordinador del Comité Central de Farmacoterapia de la Caja.

“(…) la institución estaría facultada para realizar todas las acciones que se encuentren dentro de su ámbito de competencia a fin de determinar algún tipo de responsabilidad del funcionario y recuperar el daño patrimonial en que la hizo incurrir para la adquisición de un tratamiento farmacológico que técnicamente no era apto tal y como lo había señalado previamente el Comité de Farmacoterapia”, menciona el oficio DJ 2290-2018, del cual tiene copia el periódico La Nación y por el cual publican la información.

Como parte de los antecedentes que sirven de base para la emisión de ese criterio, se cita un oficio de Jorge Andrés Ferrero Villa, asesor legal del Comité Central de Farmacoterapia (el CCF-3478-07-17).

En él, Ferrero hace referencia a aquellos médicos quienes, a pesar de los criterios técnicos institucionales existentes, recomiendan un medicamento que no tiene la Caja, obligando a la institución a pagar por ese producto. “(…) si posteriormente el recurso de amparo fuese declarado sin lugar con base en el criterio de un técnico objetivo (tercero imparcial), considero que la institución estaría facultada en realizar todas las acciones que se encuentren dentro del ámbito de su competencia a fin de lograr que el servidor público resarza a esta por el daño patrimonial en que la hizo incurrir para la adquisición de un tratamiento farmacológico que técnicamente no era apto”, menciona Ferrero en el oficio.

Cuando una situación así sucede es porque los pacientes acuden directamente ante la Sala Constitucional y presentan un recurso de amparo para obligar a la CCSS a brindar el tratamiento. Mientras resuelve sobre el fondo del recurso, la Sala IV normalmente emite una medida cautelar ordenando a la CCSS comprar el fármaco. De acuerdo con datos del Centro de Jurisprudencia de la instancia judicial este año (hasta el 24 de agosto) los ciudadanos habían interpuesto 4.510 asuntos relacionados con temas de salud, en su mayoría recursos de amparo. De esos 4.510 casos, 3.154 (un 70%) fueron declarados con lugar. En el 2017, se presentaron 5.523 asuntos, de los cuales 3.863 (otro 70%) fueron declarados con lugar, informó la oficina de prensa de la Sala Constitucional.

Fuente: Nacion.com