Canasta Básica y Plan Fiscal
Gravar o no la canasta básica aviva la discusión entre diputados y Gobierno.
Por un lado, están quienes opinan que la canasta básica no debe gravarse porque reduciría la capacidad adquisitiva del 10% de los hogares más pobres en un 1,57%, como comprobó el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económica de la UCR.
Por otro, los defensores del impuesto, encabezados por el Gobierno, quienes señalan que recortar ese tributo favorecería la evasión, afectaría a los productores y reduciría entre ¢60.000 y ¢66.000 millones los recursos disponibles para atención que dirige el Estado.
La discusión sobre gravar o no la canasta básica se remonta hasta el inicio de la propuesta fiscal, momento desde el que se propuso gravar los productos de la canasta básica con un 2% a través del nuevo Impuesto al Valor Agregado (IVA), que reforma el Impuesto General sobre las Ventas. Hasta el martes, el proyecto fiscal señalaba esa carga como una de sus tarifas reducidas, disposición que fue eliminada el miércoles anterior en una votación de cinco a cuatro diputados en la comisión legislativa que analiza la reforma fiscal.
En contra de la exoneración estuvieron el oficialista Welmer Ramos, el socialcristiano Pedro Muñoz y las liberacionistas Yorleny León y Silvia Hernández; mientras que en a favor —fueron mayoría— los restauracionistas Carlos Avendaño y Eduardo Newton Cruickshank, el frenteamplista José María Villalta, el integracionista Walter Muñoz y el liberacionista Gustavo Viales, quien se separó de sus dos compañeras de bancada de última hora y definió la retirada.
Ambas partes defienden sus distintos puntos de vista y buscan convencer a los contrarios, de modo que se ponga un punto definitivo a la exoneración del impuesto que recaería sobre el grupo de artículos que definirían los ministerios de Hacienda y de Economía, a través del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y sus datos sobre “el consumo efectivo de bienes y servicios de primera necesidad de los hogares que se encuentren en los dos primeros deciles de ingresos”. Las autoridades de Hacienda esperaban una recaudación cercana a los ¢60.000 millones por el tributo, monto que representa un 10% de las expectativas de la reforma fiscal. De esa cifra, aseguran que sólo un 17% habría provenido de hogares en situación de pobreza.
Ante todas estas condiciones, las discusiones fiscales enfrentarán ahora dos panoramas en los que terminará de resolverse si continúa o no la exoneración. El primero será en la comisión fiscal a partir de este lunes, cuando sus nueve diputados deberán votar varias mociones que podrían devolver el impuesto. El segundo tardará un poco más y llegará hasta que el texto se discuta en el Plenario legislativo, donde los 57 diputados totales podrán decidir el futuro de la exoneración si quieren modificarlo.
En ambos casos, las mayorías definirán el destino de la norma, una correlación de fuerzas que en la última votación en la comisión fiscal fue de cinco contra cuatro, pero que podría revertirse en la próxima votación de ese foro o cuando el trámite le corresponda a los 57 congresistas, según lo decida cada uno de ellos.
De cualquier manera, el Gobierno ya trabaja para convencer a los diputados de la comisión fiscal para que eliminen de nuevo la exoneración tan pronto como sea posible, un proceso en el que “serán muy respetuosos de la Asamblea pero tratarán de encontrar los acuerdos necesarios”, según el ministro de la Presidencia Rodolfo Piza. “Siempre quedará alguien a quien no le guste la reforma porque nunca habrá unanimidad”, pero que “la voluntad es afinar los consensos de nuevo”.
Los acercamientos iniciaron desde el jueves anterior, apenas aprobadas la exoneración a la canasta básica y los servicios de educación privados, que recortaron en un 13% las expectativas de recaudación del proyecto fiscal, decisiones que hicieron acudir al Congreso al ministro de la Presidencia, la ministra de Hacienda y el viceministro de Ingresos a restablecer los canales de diálogo. La Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, llegó al Plenario Legislativo la tarde de este lunes para presionar a los diputados por las modificaciones que le han hecho al texto sustitutivo del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. La jerarca sorprendió a los congresistas al inicio de la sesión parlamentaria. Ella tiene la autoridad de entrar a ese recinto pues así se lo otorga el artículo 145 de la Constitución Política y el 172 del Reglamento Legislativo.
Aguilar advirtió que para el 2019, más del 40% del gasto total se dedique al servicio de la deuda es decir, 4.5 billones de colones, lo que equivaldrá a un endeudamiento del 60% del Producto Interno Bruto (PIB). “De no revertir las modificaciones al proyecto, tocará tomar decisiones difíciles para evitar el ajuste automático que realizarán los mercados, las modificaciones hechas al proyecto en los últimos días, lo han debilitado, yendo en perjuicio de la estabilidad financiera de Costa Rica”, dijo la funcionaria.
Fuente: Semanario Universidad y CR Hoy.
